El 10 de diciembre de 2025, el Senado de Brasil avanzó de forma decisiva al aprobar enmiendas al proyecto de ley contra el crimen organizado, introduciendo un gravamen del 15 % sobre los depósitos de los jugadores realizados en plataformas de apuestas online con licencia. La medida se aprobó en el pleno sin oposición e inmediatamente volvió a situar al sector de las apuestas en el punto de mira político.
El Impuesto del 15 % a los Depósitos de los Jugadores Avanza tras una Votación Clave
El Proyecto de Ley 5582/2025 establece una nueva contribución, conocida ampliamente como CIDE-Bets, que se aplica en el momento en que un jugador transfiere fondos a una cuenta de apuestas. Este gravamen no está vinculado a la actividad de las apuestas ni a los resultados ni a los ingresos del operador. El hecho imponible es el depósito en sí, y esa distinción fue la que captó la atención de los operadores a las pocas horas de la votación.
Dado que el Senado aprobó la medida mediante enmiendas, el proyecto de ley regresa ahora a la Cámara de Diputados para su posterior análisis. Esto significa que el impuesto aún no es ley, pero la aprobación en el pleno envía una señal política clara, especialmente al estar vinculada a una normativa centrada en la seguridad pública y el crimen organizado.
El momento de este anuncio es determinante, ya que el mercado regulado de apuestas en Brasil se encuentra todavía en su primer año de funcionamiento. Los operadores apenas han obtenido sus licencias y siguen adaptándose a nuevas exigencias técnicas y financieras. La introducción de un impuesto a nivel de depósito en esta etapa no supondría un simple ajuste de márgenes. Afectaría de forma directa la manera en que los jugadores financian sus cuentas, cómo se estructuran los bonos y cómo compiten las plataformas reguladas, y precisamente por eso el mercado reaccionó de inmediato.
Entonces, ¿Qué se Grava en la Práctica?
Una de las razones por las que esta propuesta ha generado tanta confusión es que no encaja en ninguna categoría conocida de impuestos al juego. Para ser claros:
-
No se trata de un impuesto sobre las apuestas realizadas.
-
No es un impuesto sobre el ingreso bruto del juego (GGR).
-
No está vinculado a si un jugador gana o pierde.
En su lugar, el gravamen se aplica a la transferencia de fondos a una cuenta de apuestas en el mismo momento en que el jugador realiza el depósito, lo que significa que el hecho imponible ocurre antes de que tenga lugar cualquier actividad de juego.
Ese planteamiento es central en la propuesta conocida como CIDE-Bets, que aparentemente corresponde a una “Contribución de Intervención en el Dominio Económico”, aplicada a una tasa fija del 15 % sobre los importes transferidos por personas físicas a plataformas de apuestas de cuota fija debidamente licenciadas.
Lo que la ley apunta de forma explícita es al depósito en sí, es decir, al flujo de fondos. Para evitar dudas, lo que no se grava es el resultado económico real del operador. Tal como explica BNLData en su análisis de la propuesta, los depósitos no constituyen ingresos para las plataformas de apuestas, ya que los operadores actúan como custodios de los fondos de los jugadores hasta que se realizan las apuestas.
Esta diferencia no es solo técnica. En el marco regulatorio actual de Brasil, los operadores ya pagan impuestos sobre el GGR, calculado como las apuestas menos los premios pagados, y además están sujetos a otros impuestos corporativos e indirectos. El nuevo gravamen sobre los depósitos se sumaría a ese esquema al aplicarse sobre el total del dinero que entra a la plataforma, y no sobre la parte que el operador retiene realmente como ingreso. Este desajuste es una de las principales críticas de los especialistas legales.
Desde un punto de vista comercial, esto lo cambia todo. Un impuesto sobre el GGR se ajusta al desempeño. Un impuesto sobre los depósitos no. Se aplica independientemente de si un jugador apuesta una sola vez, apuesta de forma intensiva o incluso si nunca llega a realizar una apuesta. En última instancia, esta es la razón por la que los operadores con licencia consideran que la propuesta resulta mucho más disruptiva que los esquemas tradicionales de tributación sobre las apuestas.
¿Por qué las Apuestas Vuelven a Estar en el Punto de Mira?
La lógica detrás de una medida tan directa como un impuesto a los depósitos es, ante todo, política. El gravamen del 15 % está integrado en la legislación brasileña contra las facciones criminales y el crimen organizado, donde se ha planteado como una herramienta específica de financiación para la seguridad pública. Los legisladores que respaldan la iniciativa sostienen que permitiría canalizar los recursos directamente al Fondo Nacional de Seguridad Pública, presentando los depósitos en apuestas como una fuente de ingresos visible y conveniente para la prevención del delito.
Ese encuadre no es menor. Una contribución asociada a la seguridad pública suele generar mayor aceptación que un aumento impositivo general, especialmente cuando se aplica a un sector que a menudo se percibe como discrecional. Durante el debate en el Senado, las estimaciones presentadas apuntaron a que el gravamen podría recaudar hasta R$30.000 millones anuales, una proyección que ha despertado escepticismo entre analistas del sector y especialistas legales, pero que sigue teniendo peso político en Brasilia. Los depósitos, además, resultan un objetivo atractivo: tienen un alto volumen, son fáciles de rastrear y circulan a través de sistemas de pago regulados.
¿Qué Significa Esto para los Apostadores Brasileños?
Para los jugadores, el impacto de un impuesto a los depósitos se sentiría de forma inmediata y recurrente. Según la propuesta, un depósito de R$100 se convertiría en apenas R$85 de saldo disponible para apostar, ya que la deducción se aplicaría antes de realizar cualquier apuesta. El descuento ocurre en la caja, el jugador lo ve en tiempo real, y ese simple hecho ya puede modificar la experiencia para ciertos perfiles.
Desde el punto de vista psicológico, no se percibe igual que perder una apuesta. Las pérdidas en el juego están contextualizadas: implican entretenimiento, azar y una decisión personal. Una deducción sobre el depósito es administrativa. Para los jugadores ocasionales, ese tipo de fricción puede ser suficiente para abandonar el recorrido por completo. En otros segmentos, los jugadores de mayor valor quizás absorban mejor el impacto, pero lo sentirán con más frecuencia. Los depósitos recurrentes hacen que el impuesto se repita, reforzando la percepción de pérdida de valor.
Es este impuesto inicial, y no el porcentaje en sí, lo que explica por qué la propuesta ha causado tanta controversia tanto entre los jugadores como entre los operadores.
Los Operadores Encienden las Alarmas por el Aumento de Costos
La presión a nivel del jugador no se detiene en la caja. La reacción de la industria fue rápida y poco habitual por su tono directo. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías de Brasil (ANJL) advirtió que el impuesto propuesto a los depósitos podría socavar los mismos objetivos que dice perseguir. En declaraciones recientes, la asociación señaló que sobrecargar a los operadores con licencia incentivaría la migración de jugadores hacia plataformas ilegales, que operan sin supervisión regulatoria, sin protecciones al consumidor y sin obligaciones fiscales.
En la misma línea, el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) reforzó esa preocupación, poniendo el foco en el desequilibrio competitivo que genera gravar los depósitos en lugar de los ingresos por apuestas. Según señaló, “al gravar el depósito del apostador en un 15 %, el Estado decreta que R$100 valen solo R$85 en las empresas que cumplen la ley. En el mercado ilegal, esos mismos R$100 conservan su valor total. Esto es un incentivo directo a migrar hacia la ilegalidad”.
En el fondo, ambas posturas comparten el mismo argumento: cumplir con la regulación ya tiene un costo. Los operadores con licencia en Brasil están sujetos a controles estrictos de PLD, obligaciones de reporte, normas de protección al jugador y requisitos específicos en materia de pagos locales introducidos con la regulación. Las plataformas ilegales no lo están. Como han advertido los organismos del sector, sumar un gravamen a nivel de depósito sobre ese conjunto de exigencias corre el riesgo de inclinar la balanza competitiva en contra del mercado regulado.
Para los operadores que aún están absorbiendo los costos financieros y operativos del primer año de regulación en Brasil, la preocupación ya no es teórica. La advertencia que hoy se plantea apunta a una posible distorsión del mercado y a si el sector regulado podrá competir en igualdad de condiciones si las deducciones sobre los depósitos pasan a formar parte de la experiencia del jugador.
¿Un Regalo para el Mercado Negro?
La preocupación por una competencia desigual deja en el aire una pregunta incómoda: ¿dónde terminan yendo los jugadores?
Para los operadores regulados, el riesgo no es teórico. Un impuesto a los depósitos altera la ecuación en el momento más sensible del recorrido de apuestas: la caja. Los sitios offshore, que operan fuera del marco de licencias de Brasil, pueden seguir ofreciendo depósitos a valor completo, convirtiendo una transferencia de R$100 en R$100 de saldo disponible. Las plataformas con licencia no pueden hacerlo. Esa diferencia es simple, visible y fácil de comunicar.
Los organismos del sector han advertido que esto genera un fuerte incentivo a la migración de clientes. A diferencia de las cuotas, los bonos o la profundidad del producto, el valor del depósito se entiende de inmediato y no necesita explicación: un saldo menor al ingresar se percibe como una penalización, aunque sea impuesta por el Estado.
Los impuestos a nivel de depósito son especialmente problemáticos para la canalización, porque se aplican de forma universal y repetida. Cada recarga refuerza la diferencia de precio entre sitios regulados y no regulados. Con el tiempo, esa presión no solo afecta a jugadores ocasionales que están probando el mercado. También moldea hábitos, empujando a los apostadores frecuentes hacia plataformas que ofrecen mayor valor en el punto de entrada.
Existe además una ironía que los reguladores no han logrado resolver. El gravamen se justifica como una herramienta para combatir el crimen organizado. Sin embargo, según advierten las asociaciones del sector, corre el riesgo de fortalecer justamente a las redes que pretende combatir, al desviar a los jugadores hacia operadores offshore sin controles de PLD, sin protección al consumidor y sin cooperación con las autoridades.
¿Es Realmente Legal Este Impuesto?
Más allá del impacto comercial, el gravamen sobre los depósitos enfrenta una prueba aún más básica, determinar si resiste o no un análisis constitucional.
Analistas legales citados en la cobertura brasileña han planteado dudas sobre si la propuesta de CIDE-Bets se ajusta al marco constitucional de la tributación. El punto central es claro: los depósitos de los jugadores no son ingresos. Hasta que se realiza una apuesta, los fondos siguen siendo propiedad del apostador, y los operadores actúan únicamente como custodios. Según los críticos, considerar esas transferencias como ingreso gravable contradice principios ya establecidos en el sistema tributario brasileño.
También entra en juego el posible carácter confiscatorio del impuesto. Dado que los operadores solo retienen una fracción de los fondos depositados como ingreso bruto, una carga fija del 15 % sobre los depósitos podría traducirse en una presión fiscal efectiva muy superior a lo que sugiere la tasa nominal. Según expertos legales, este desequilibrio podría vulnerar los límites constitucionales diseñados para evitar impuestos que vuelvan inviable una actividad económica lícita.
La forma también importa. Los críticos señalan que el gravamen se introdujo mediante una enmienda a un proyecto de ley más amplio contra las facciones criminales, lo que abre interrogantes sobre si aumentos impositivos de este tipo pueden incorporarse legalmente en esa etapa del proceso legislativo. Este punto ya ha motivado llamados a un mayor escrutinio a medida que el proyecto regresa a la Cámara de Diputados.
En conjunto, estos factores sugieren que el debate podría no terminar en el Congreso. Si se aprueba en su forma actual, el impuesto a los depósitos podría enfrentar impugnaciones judiciales, sumando un nuevo foco de incertidumbre a un mercado que todavía se está adaptando a la regulación reciente.
¿Qué Viene a Continuación?
Por ahora, el impuesto a los depósitos todavía no está definido por ley. Dado que el Senado aprobó la medida mediante enmiendas, el proyecto debe regresar a la Cámara de Diputados, donde los legisladores pueden aceptar los cambios, modificarlos o eliminarlos por completo.
Ya se anticipan demoras. La propuesta se suma a otras medidas fiscales controvertidas dentro de la agenda más amplia de reforma tributaria de Brasil, y las apuestas están lejos de ser el único sector que compite por atención política. Siguen siendo posibles nuevas enmiendas y ajustes, especialmente ante el volumen de críticas planteadas por operadores con licencia y analistas legales. Nada de esto garantiza, por supuesto, un resultado más favorable, pero sí confirma que el debate sigue abierto.
También existe la posibilidad de litigios. Si el gravamen avanza en su forma actual, muchos anticipan que será impugnado judicialmente. Especialistas en derecho ya han advertido sobre el riesgo de una tributación de carácter confiscatorio y sobre la forma en que se introdujo la medida, dos puntos que podrían llegar al Supremo Tribunal Federal. Incluso esa sola posibilidad podría retrasar su implementación, aun cuando el proyecto termine siendo aprobado.
En términos prácticos, los operadores deberían contemplar varios meses, en un escenario conservador, antes de que exista una claridad real sobre el rumbo definitivo.
¿Cómo Pueden Prepararse los Operadores?
Con tantos elementos aún sin resolver, la respuesta más pragmática es la preparación.
En el mejor de los escenarios para los operadores, la propuesta se revisa de manera favorable durante su paso por la Cámara de Diputados y se retrasa, se modifica o se reformula para introducir umbrales, exenciones o un alcance más acotado. Eso permitiría ganar tiempo y adaptarse sin tener que replantear por completo el modelo comercial.
El peor escenario resulta especialmente complejo para los operadores recientemente regulados. El gravamen se aprueba prácticamente tal como está redactado y se aplica como una deducción fija del 15 % en cada depósito. En ese caso, los efectos serían inmediatos: caen las tasas de conversión, las mecánicas de bonos se ven bajo presión y las plataformas reguladas se ven obligadas a explicar un saldo reducido desde el primer contacto con el jugador.
Entre ambos extremos se sitúa un resultado más probable: una implementación gradual o una aplicación diferida mientras avanzan los desafíos legales. Ninguna de estas opciones elimina el riesgo por completo, pero sí cambia la forma en que los operadores deberían responder.
La decisión más sensata en este momento es trabajar con distintos escenarios. Los operadores pueden poner a prueba los flujos de caja, replantear estrategias promocionales que dependen en gran medida de igualar depósitos y preparar una comunicación clara para los jugadores, que explique las deducciones con transparencia y sin una postura defensiva. Al mismo tiempo, los socios de pagos y los equipos de cumplimiento deberían estar analizando cómo se reflejaría, conciliaría y reportaría un gravamen aplicado a nivel de depósito.
No hacer nada conlleva el mayor riesgo. El mercado brasileño está cambiando rápidamente y la incertidumbre tiene dos caras. Los operadores que esperan a que todo esté perfectamente claro pueden verse obligados a reaccionar bajo presión, mientras que quienes se preparan con anticipación conservan margen de maniobra y el control operativo.
Agende hoy una demostración del software de Altenar y descubra cómo su sportsbook puede mantenerse competitivo incluso cuando cambian las regulaciones.
